Como trasfondo de la media sanción al proyecto para ponerle un tope al aumento en las tarifas de los servicios públicos, la votación en la Cámara de Diputados plasmó el quiebre en la relación entre varios gobernadores peronistas y la Casa Rosada. Escenario que además se repetirá en el Senado y será el combustible para que la iniciativa opositora se convierta finalmente en ley.

Mientras ayer el presidente Mauricio Macri buscó demostrar que mantiene el vínculo con los gobernadores opositores, muchos de ellos mandaron a sus diputados y senadores a avanzar contra el tarifazo aun a pesar de haber sufrido un mes de presiones originadas en la Casa Rosada.

El caso más explícito fue el del cordobés Juan Schiaretti. Se sentó a la derecha del Presidente, justo al lado, aunque esa cercanía no se tradujo en respaldo en el Congreso: tres de sus cuatro diputados votaron a favor del proyecto opositor. El cuarto diputado, Paulo Cassinerio, estuvo ausente, pero incluso esa falta no tuvo motivos políticos detrás. Había pedido licencia en la Cámara por un viaje oficial a Francia. Es decir, de haber estado en el país, hubiera ido a votar a favor.

Lo mismo pasó con el tucumano Juan Manzur, que se sentó al otro lado del Presidente. Sus diputados Pablo Yedlin, Gladys Medina y José Orellana votaron en bloque junto al resto de la oposición. Igual actitud tuvieron el sanjuanino Sergio Uñac y el entrerriano Gustavo Bordet. Los tres diputados que responden al primero y los dos del segundo votaron afirmativo.

Mejor resultado tuvo para la Casa Rosada su presión insistente sobre el chaqueño Domingo Peppo. De sus dos diputados, uno Juan Mosqueda estuvo ausente como forma de restar un voto al proyecto opositor. No alcanzó.

Con la capacidad de presión sobre los gobernadores muy dañada, el Gobierno sólo podrá apelar a maniobras dilatorias en el Senado. Y es que el bloque Justicialista, que lidera Miguel Pichetto y que se referencia en esos mismos mandatarios provinciales, está decidido a votar a favor del proyecto tal como salió de Diputados. Entre sus votos, los del Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner y otros senadores opositores, la ley está garantizada.

La posibilidad de demorar la sanción definitiva pasa por los resortes institucionales a los que puede echar mano Cambiemos. En principio, hasta anoche el Senado no había recibido la media sanción de Diputados. Es un paso que suele concretarse inmediatamente, de un día para el otro.

Además, las autoridades de la Cámara alta ya cavilan a qué comisiones girarán la iniciativa. Cuantas más sean, más podría estirarse el debate. En principio, hay dos seguras. Ambas encabezadas por Cambiemos: Derechos y Garantías, presidida por Inés Brizuela y Doria, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich. Fue justamente Bullrich ayer quien, en declaraciones a radio La Red, se permitió esperanzarse con que la Cámara alta frene la ley. «No pasa el Senado», pronosticó. Sus pares de la oposición no piensan lo mismo.

Según el ex ministro de Educación, la iniciativa «tiene un costo muy grande» y por eso será frenado. «Nadie dice lo que cuesta; tiene un costo muy grande. Presentar estos proyectos sin decir de dónde van a salir los recursos para financiarlos es hacer demagogia. Es un mal momento para hacerlo», consideró.

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