Las complicaciones financieras en las que Argentina está sumida desde el primer trimestre del año ya provocaron notables demoras al plan oficial de desarrollar infraestructura mediante programas de Participación Público-Privada (PPP) y también generaron complicaciones a las empresas que ganaron proyectos para construir parques de energías renovables.
Después de tres sucesivas postergaciones, el Gobierno confirmó que ejecutará las garantías por el incumplimiento de plazos a cuatro empresas con proyectos de energías limpias, que se presentaron en la fase 1 de la ronda 2 de RenovAr, el año pasado.
«Se comenzará el proceso para la ejecución de las garantías de los contratos que no firmaron dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de poner a disponibilidad la capacidad de potencia que no fue ocupada mediante el régimen del Mercado a Término de Energías Renovables (MaTER)», comunicaron desde la Secretaría de Energía.
El viernes pasado vencieron los plazos para la firma de contratos de abastecimiento (PPA) de energía eléctrica renovable entre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las empresas adjudicatarias. Sobre el cierre se suscribieron 4 contratos (asociados a 5 proyectos adjudicados, dado que dos proyectos se unificaron) correspondientes a dos proyectos de tecnología eólica, uno de tecnología biogás y un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico, por un total de 161,5 MW de potencia en cuatro provincias. Eso equivale al consumo anual de 155.000 hogares.
De acuerdo a fuentes oficiales, «esto no responde a ninguna decisión del Gobierno, sino simplemente de ejecutar lo que se firmó». Para dos proyectos, sin embargo, hay tiempo hasta diciembre. Son los parques solares Villa María del Río Seco (20 MW) y Cura Brochero (17 MW), de la compañía financiera Neuss Fund. En cambio, los cancelados fueron el parque solar Saujil II (20 MW), de 360 Energy; los proyectos de biomasa Kuera Santo Tomé (12,9 MW) y Generación Virasoro (3 MW) de las empresas Norcon S.R.L y Forestadora Tapebicuá S.A., respectivamente; y la planta de biogás Villa Del Rosario (1 MW), de Crops Investments S.A., de acuerdo a lo que publicó el portal Energía Estratégica.
José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y uno de los principales accionistas de la Forestadora Tapebicuá (en Corrientes), dijo a El Cronista que «las variables macroeconómicas están tan distorsionadas que hicieron imposible la realización del proyecto» y elevaron sustancialmente las tasas de interés para financiarse.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), sostuvo: «Ya no se justificaba seguir dando prórrogas y hay que cumplir con lo pautado». Y explicó: «En las primeras rondas de RenovAr las tasas estaban entre 5% y 10%, pero las complicaciones elevaron unos 3 o 4 puntos porcentuales las tasas y eso licúa la rentabilidad, llevando a que no se gane lo suficiente como para justificar la inversión».
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