La escalada imparable del dólar ataca de frente a la política energética del gobierno, y la amenaza más inmediata es que los subsidios terminen subiendo y no bajando por los compromisos asumidos con las empresas. Los precios del gas en boca de pozo, la energía eléctrica y el petróleo y los combustibles están dolarizados, y el Ministerio de Energía parece no saber qué hacer en la encrucijada, porque es impensable que el avance en el tipo de cambio se pueda trasladar al público en todos esos productos.

Ya hay datos ciertos de que en este contexto las compañías presionan para no perder el terreno ganado. El caso más palpable es el de Ecogas, la distribuidora de gas en el centro del país y en Cuyo, cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, que pidió al Enargas una recomposición urgente de los cuadros tarifarios porque sus costos tuvieron un aumento de más del 20%.

Esto se explica porque el precio del producto que perciben las petroleras, está calculado hoy en las tarifas a u$s4,68 por unidad a un tipo de cambio de $20,61. Pero con un dólar a más de $28 ayer, las productoras pretenden una actualización de lo que cobran por el gas en línea con la devaluación.

Según los lineamientos vigentes, recién el 1 de octubre con el próximo ajuste de tarifas, se podrá trasladar a los consumidores la diferencia entre el dólar implícito en las facturas actuales y el real durante el semestre. Pero ni las petroleras ni las distribuidoras quieren asumir el costo financiero de esperar hasta octubre, y además dudan de las condiciones políticas para una nueva suba ese mes. Por eso, Ecogas hizo punta pidiendo un ajuste inmediato.

En el plano eléctrico, la situación no es mejor. Como en el gas, no hay datos sobre cuánto del aumento en el precio mayorista de la energía reduce subsidios y cuánto va a las empresas productoras. Pero trascendió que Cammesa tiene $15.000 millones menos para pagar a las generadoras la factura de mayo que se abona en pesos según el valor del dólar.

El problema es más serio si se recuerda que Cammesa se comprometió por contrato a pagar un precio en dólares durante 15 años por lo menos, para las ampliaciones de centrales termoeléctricas y algunas plantas nuevas que se licitaron en 2016, y lo mismo pasa con todos los proyectos de energías renovables que fueron adjudicados en los últimos dos años.

Como si fuera poco, por el alza del petróleo a nivel internacional y por la devaluación, Enarsa ya calcula que las importaciones de gas desde Bolivia y de GNL en barcos pasará de $14.800 millones en 2017 a $29.000 millones este año. El dato reabre el interrogante sobre cuánto de lo que se cobra en las facturas es trasferido por las distribuidoras al Estado para cubrir la importación y bajar subsidios, y cuánto a las petroleras, porque todo indicaría que el total va a las productoras locales.

El avance del dólar también conspira contra la política de aumentos acotados al 3% mensual en los combustibles. El 1 de junio, el ministro Juan José Aranguren propuso a las productoras de crudo y a las refinadoras un aumento del 3% mensual por 15 meses, con el criterio de que el valor del dólar se iba a estabilizar y la cotización internacional del petróleo descendería, lo que permitiría a las empresas recuperar lo perdido con el tiempo debido a que los precios de los combustibles al público iban a seguir subiendo en el porcentaje previsto.

Las petroleras solo aceptaron pactar hasta el 31 de julio porque dudaron de esas expectativas. De hecho desde el día del encuentro en Energía el dólar se encareció más del 10% y el petróleo se mantiene en torno a u$s76, lo que acentúa las presiones para que haya ya una revisión de la suba acordada del 3% para julio.

La situación en materia energética es consecuencia de haber diseñado un esquema ascendente del precio para el gas local en dólares y muy superior al internacional, en línea con el GNL que se importa, de haber comprometido al Estado a través de Cammesa a pagar precios elevados por la energía y en dólares, y a la decisión de liberar el mercado de combustibles.

Si se consideran esas premisas, más el ajuste semestral por inflación para distribuidoras y transportistas de gas y electricidad también autorizado oficialmente, las tarifas y los combustibles tendrían que subir ya un 30% promedio. Imposible de aplicar ahora o en octubre.

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