LAS PROVINCIAS EN ALERTA POR LA LUZ

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A diferencia del gas, los gobernadores manejan parte de las ganancias en las boletas de la electricidad. Si baja la tarifa, pueden perder fondos. La unión de la oposición para frenar el aumento en las tarifas de luz será más complicada que con los importes del gas. Es que, salvo Edenor y Edesur, las provincias definen el cuadro tarifario del suministro eléctrico en sus territorios. Y en provincias como Córdoba y Santa Fe, las distribuidoras son estatales. Cualquier reducción en sus ingresos afectará las arcas de esos territorios.

En el gas, el ente regulador Enargas define el cuadro tarifario de las diferentes empresas que prestan el servicio en todas las regiones. Pero, en la luz, el regulador y Cammesa sólo establecen los importes “mayoritarios”, es decir el costo de la energía eléctrica. Pero el “valor agregado de distribución”, que es el margen de las distribuidoras, es aprobado por el Poder Ejecutivo provincial.

En la sesión para tumbar el aumento del gas, la oposición estuvo a un voto de tener los legisladores necesarios para sesionar al respecto. Es improbable que ese escenario se repita en una iniciativa del mismo tenor, pero apuntada a la luz. “No los hago a los legisladores de Córdoba y Santa Fe votando bajar las tarifas que cobran sus eléctricas provinciales estatales”, plantea un empresario del sector. “Estarían votando menos ingresos para sus gobernadores”, acotó.

Chaco y Santa Cruz también poseen distribuidoras estatales. La plantilla de EPEC, la provincial cordobesa, está sobredimensionada, según estiman en el ministerio de Energía. Eso no la ayudaría a tomar alguna medida que le provoque disminución de ingresos.

Además de las estatales provinciales, hay privadas que operan en cada territorio. La mayoría tiene una buena relación con sus gobernadores. Si los mandatarios arremeten contra esas firmas, el vínculo corre el riesgo de deteriorarse.

La atomización en la prestación del servicio de distribución eléctrica en una veintena de firmas complicaría la unificación legislativa opositora. En el gas, en cambio, las decisiones políticas podían alcanzar a media docena, dándole otro impacto a la relación con los privados. “No es lo mismo pelearse con 6 que con 20, y más cuanto entre esos 20 hay empresas provinciales que te ayudan a pagar los sueldos o privados a los que se les pide colaboración en las campañas electorales“, desliza otro hombre del sector.

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