Como antesala del invierno, la actual suba de tarifas y de reducción de subsidios a la energía -las dos caras de una misma política planteada por el gobierno de Mauricio Macri a su inicio en 2015 y que aún resta definir- pasan a ser hoy un eje en su gestión. Para entender qué pasa con la energía y los precios en la Argentina, es indispensable dar cuenta de la grandísima dependencia que tiene con el gas natural, a tal punto que lo que se deba pagar por su consumo es sin dudas un vector de la economía a nivel nacional.

Y aún es más grande su incidencia en las estaciones más frías, ya que se agrega al consumo de la electricidad, que se genera casi en su totalidad con gas natural, la demanda como insumo industrial y a su uso como combustible vehicular, un incremento importante en los requerimientos de los usuarios residenciales. Sobre todas sus aplicaciones posibles, desde hace más de 50 años, el gas natural es la fuente energética preferida por más de la mitad de la población para calefaccionar sus hogares.

Esto se explica, más que nada, por la infraestructura que se ha desarrollado este último medio siglo en la Argentina en cuanto a redes de transporte y distribución, que no es comparable con el resto de los países de América Latina. De acuerdo con el economista Alejandro Einstoss, el 60% de la población tiene acceso a ese hidrocarburo por red y ningún país de la región tiene esa inserción para su utilización.

«Compararnos con nuestros vecinos es difícil porque tenemos hábitos de consumo diferentes y políticas de Estado distintas. La Argentina, como ningún otro país de América del Sur, favoreció el uso del gas natural sobre otros insumos, entonces confrontar en una foto quién es más eficiente es discutible», indica el experto, también consultor del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi», en diálogo con 3Días.

Es por eso, que al intentar una comparación con países limítrofes, el Presidente se limitó a hablar de las ciudades centrales de los vecinos Chile y Uruguay, a fin de instar a los ciudadanos a «consumir menos». En Uruguay, por caso, solo en la ciudad de Montevideo los usuarios residenciales cuentan con la posibilidad de consumir gas natural por red y aun así no llega a todos los hogares. El resto del país en cuanto a usos de la energía es incomparable con el resto de la Argentina.

De acuerdo con los datos que pudo recabar 3Días, algunos pocos utilizan gas de garrafas y en otros casos, se opta por calefacción a leña, pero predomina sobre todo el uso de la electricidad durante todo el año. La generación, en tanto, proviene de la central hidroeléctrica binacional de Salto Grande y a partir de fuentes renovables fundamentalmente.

En paralelo, el estado chileno, con el fin de priorizar el uso del gas natural para la industria y para la generación eléctrica, comenzó a desincentivar con tarifas altas el consumo residencial desde el año 2007, que fue cuando la Argentina suspendió definitivamente la exportación. Es por eso, que únicamente se puede hablar del uso de gas doméstico en la ciudad de Santiago de Chile, ya que en el resto del país, salvo casos aislados, no se prioriza la utilización de este insumo. Desde entonces, a la par, incrementó el uso de carbón como insumo para la generación eléctrica, y poco a poco, intenta revertir esa tendencia y ampliar la utilización de Gas Natural Licuado (GNL).

Una caja de Pandora

Al hablar de tarifas, son más las variables que entran en juego e imposibilitan una comparación lineal. En todos los países de América del Sur, las tarifas residenciales de energía se calculan según el consumo de los usuarios en un determinado período de tiempo. No obstante, no es simple contrastar montos y usos de la energía, más allá de las amplias diferencias de las estructuras económicas y financieras de las naciones en cuestión, porque los hábitos son muy disímiles y la infraestructura que los permite es totalmente distinta, y también es diferente la conformación de las matrices energéticas que se fomentaron en cada nación a través de los años.

En la Argentina, la tarifa tiene tres componentes; el precio del insumo, que es el gas natural, el precio del transporte y la distribución, que es la infraestructura de redes, y el impuesto. Las audiencias públicas que se realizaron en el marco del Enargas en febrero apuntaron a hacer una revisión tarifaria integral, pero fundamentalmente fueron para actualizar el segmento de transporte y distribución. Adicionalmente, se agrega el precio del gas que va a aumentar dos veces por año hasta 2019.

En cuanto a impuestos, se abre una caja de pandora. Y ahí se encuentran las mayores diferencias entre la Ciudad y el resto del país. Además del congelamiento de tarifas de distribución eléctrica en el ámbito de las concesiones de Edenor y Edesur -que para Einstoss «generó enormes inequidades» porque «si bien el precio subsidiado de generación eléctrica fue el mismo para todo el territorio un usuario residencial del Gran Buenos Aires en 2015 pagó por el servicio eléctrico la sexta parte que un usuario en Santa Fe y casi la tercera parte que el promedio nacional»-se sumaron en muchos casos en el interior los impuestos locales. A decir del experto, como las tarifas estaban muy bajas, los municipios y también las provincias aprovecharon las facturas eléctricas para subirse y cobrar otros servicios porque las facturas de servicios públicos son de alta cobrabilidad. «En algunos casos, el impuesto casi llega a representar el 40% de la factura y se vuelve insostenible con el aumento», evalúa.

Nada de esto pasó en Uruguay, ni en Chile, que además son países que adoptaron un sistema de gobierno unitario, y no federal como el argentino, con todas las implicancias impositivas que esa gran diferencia de base puede acarrear. Tal como dijo Macri, consumimos más gas natural y lo pagamos menos. Pero tiene que ver con una diferencia de acceso al insumo y una amplia diferencia estructural de impuestos.

«Ni Uruguay, ni tampoco Chile tienen el problema de una factura de gas natural muy alta en donde las clases media y media-baja no la pueden pagar, sencillamente porque esos sectores de la sociedad no lo consumen de forma intensiva como nosotros», asegura Einstoss.

Más variables en juego

De la mano del desarrollo de la infraestructura para el transporte y la distribución, los subsidios que se aplicaron en las tarifas de luz y de gas natural durante 15 años fomentaron aún más el consumo doméstico. A decir de Einstoss, un usuario residencial pagaba solo un 10% del valor de la generación eléctrica y apenas un 15% del valor del gas natural.

«Esta situación tuvo un costo fiscal tan alto que en 2015 el total de los subsidios a la energía explicaban la totalidad del déficit fiscal; todo lo que se gastaba de más se explicaba con los subsidios a la energía, esa era la magnitud que llegaron a tener, que es imposible de financiar», describe.

«El camino de reducir esos subsidios y aumentar las tarifas es el indicado, pero cómo se van a aplicar esos aumentos es lo que debería ser replanteado o discutido», sentencia.

Por su parte, para el economista jefe de FIEL, Fernando Navajas, la reducción de subsidios que encabeza el Gobierno nacional «no es equivalente a una reducción del gasto público».

«Sí es un cierre fiscal, pero es más parecido a una suba impositiva porque se incrementan los precios que paga la demanda. Y esto impone gradualismo, ya que ir demasiado rápido puede no ser sostenible, por lo cual requiere equilibrios múltiples y una adecuada coordinación macroeconómica», indicó Navajas en el marco de una charla organizada días atrás por el Instituto «General Mosconi», que preside el exsecretario de Energía del Gobierno de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña, y que ganó repercusión porque el propio ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, asistió sorpresivamente como oyente.

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