El nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, asumió ayer en medio de fuertes presiones empresarias para lograr lo más rápido posible una recomposición de precios y tarifas que contemple la devaluación del peso. En teoría, sin embargo, no debería tener urgencias: está previsto que el próximo aumento de combustibles sea del 3% y se aplique desde el 1 de julio, las tarifas de Edenor y Edesur deberían recomponerse recién en agosto por índices de precios, el precio mayorista de la electricidad puede redefinirse ese mes o en noviembre, y el valor del gas en boca de pozo y los márgenes de transportistas y distribuidoras deben revisarse en octubre.

Ese es el esquema que dejó montado Juan José Aranguren, pero en las empresas se buscan definiciones más inmediatas. El principal problema surge de las distribuidoras de gas porque están facturando el producto a los usuarios con un tipo de cambio de u$s20,61 y las petroleras les quieren cobrar con el nuevo valor del dólar. Una diferencia del 38% que implica un alto costo para distribuidoras o petroleras, según quien lo afronte, y que no hay seguridad de recuperar en octubre.

Por eso, en la semana previa a la salida de Aranguen, Ecogas, la distribuidora del centro y de Cuyo cuyo principal accionista es Nicolás Caputo, dejó trascender que pidió al Enargas una recomposición urgente de sus márgenes, porque los costos, empezando por el valor del gas, habían subido más del 20%.

No hay margen político para que el alza en el precio del gas se pueda trasladar ya a los usuarios, sobre todo cuando se transita el bimestre de mayor consumo del año por la temperatura, y recién cuando se reciba esa factura el público tomará conciencia de que deberá pagar casi el doble del invierno pasado. Por eso, la presión más acuciante sobre Iguacel es para que defina si la diferencia queda a cargo de las productoras o de las distribuidoras, o si se reparte entre ambas, hasta que pueda trasladarse a la demanda.

Hay quienes creen que las distribuidoras ganarán la pulseada y sospechan incluso que la desprolija salida de Aranguren tuvo en parte que ver con el reclamo de Nicolás Caputo, por su relación con el presidente Mauricio Macri, para ponerle límite a las petroleras. Estas a su vez buscan que el mal trago se compense en parte por el lado del precio de los combustibles, y presionan para aplicar un aumento mayor al 3% desde el 1 de julio, entre un 5% y un 6% se afirma, para no golpear demasiado sobre el índice de precios. Y con el argumento de que desde el 1 de junio, cuando llegaron al último acuerdo con Aranguren, el dólar avanzó más de un 11%.

Más allá en el tiempo, se abren para Iguacel los otros temas. Por ejemplo, si en agosto impulsará una nueva suba en el precio mayorista de la energía en todo el país, solo para trasladar el efecto de la devaluación, que en este caso llega al 47% porque el valor del megavatio se calculó en diciembre con un tipo de cambio de $19,33.

Se entiende que el nuevo ministro llegó para escuchar más que Aranguren, las alertas del ala política y actuar coordinadamente con Dujovne en lo que se refiere a la reducción de subsidios. Pero en el sector energético se cree que no dará marchas atrás con la dolarización de los precios del gas, el megavatio y los combustibles. Solo abrirá un compás de espera para cuando se puedan trasladar esos costos dolarizados a los consumidores.

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