Después de haber anulado la primera licitación, el Gobierno vuelve a insistir en la venta de las operaciones de la Central Termoeléctrica Ensenada, por la que espera recaudar entre u$s500 millones y u$s700 millones. La planta está ubicada en la localidad del mismo nombre de la provincia de Buenos Aires y tiene una potencia instalada de 560 Mw.A fines de febrero pasado, la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A (IEASA) la ex ENARSA, declaró desierta la primera licitación, anulando las dos ofertas que habían presentado YPF y Central Puerto para asumir el control de Ensenada.Sin embargo, la sociedad estatal que preside Mario Dell’Acqua (ex Aerolíneas), le adjudicó a Central Puerto la planta ubicada en la provincia de Santa Fe, por u$s375 millones.

Es posible que tanto Central Puerto como YPF vuelvan a presentar ofertas por la Central Termoeléctrica Ensenada, cuyos pliegos de licitación fueron publicados en el Boletín Oficial de esta jornada bajo la Resolución 160/2019 del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Gobierno de Energía.

El documento recuerda que mediante el artículo 6° del Decreto 882 del 31 de octubre del 2017 se instruyó al ex Ministerio de Energía y Minería a impulsar las medidas necesarias para que IEASA «proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, y a la transferencia del personal y los contratos relacionados con dichas centrales».

También señala que en el caso de Ensenada de Barragán, el procedimiento de selección fue declarado fracasado y que se instruyó a la sociedad estatal a «efectuar un segundo llamado a licitación en términos y condiciones sustancialmente similares».

En ese sentido, el pliego destaca que la transferencia del fondo de comercio de la central todavía no tiene fecha cierta, la cual será informada por IESA en su momento. Mientras tanto, los interesados podrán ya adquirir los nuevos pliegos de bases y condiciones y deberán efectuar al menos una visita a la central.

También se aclara que el proceso de licitación se desarrollará en dos etapas. En la primera se realizará la presentación de las ofertas, su evaluación y la precalificación, «una vez verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en este pliego».

Sólo los que pasen este primer procedimiento podrán participar de la segunda etapa en la cual deberán presentar el sobre conteniendo la oferta económica. En el caso de la adjudicación, el pliego establece que el Estado cederá el control de Ensenada de Barragán a quien presente una oferta con el mayor monto variable.

El grupo seleccionado por el Estado tendrá además la obligación de completar las obras de cierre de ciclo, ya en ejecución avanzada, que permitirán elevar la potencia actual de la Central a 840 y 420 Mw, respectivamente. Y los trabajos, que están valuados en u$s150 millones de inversión, deberán completarse en un plazo de 24 meses luego de la transferencia del fondo de comercio.

En la anterior licitación, la Central Ensenada de Barragán recibió ofertas por entre u$s583 millones de parte de Central Puerto, y de u$s533 millones de YPF.

Pero si bien el Gobierno busca cerrar el proceso antes de las elecciones nacionales de octubre próximo, la justicia investiga una denuncia contra la licitación que fue presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV).Los legisladores, entre los que figuran Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, acusan directamente al presidente Mauricio Macri y a todos los funcionarios involucrados en la venta, de fijar una tasación «a precio vil». Argumentan que el valor reclamado le ocasionaría al Estado una pérdida de u$s400 millones.La denuncia recayó en el Juzgado de Daniel Rafecas y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes deben investigar la acusación de la cual también figuran como imputados los ex ministros Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el presidente de IEASA, Mario Dell Aqua; el director Ejecutivo y gerente de Termoeléctricas de IEASA, Alberto Raúl Brusco; además de otros miembros de la sociedad estatal.

Rafecas ya había rechazado una cautelar de los diputados denunciantes solicitando la suspensión de la licitación, motivo por el cual en el Gobierno piensan que la denuncia no tendrá andamiento.