DEFENSORIA DEL PUEBLO: MULTAS Y ALQUILERES, AL TOPE DE LAS QUEJAS DE LA GENTE

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El auto y la casa son los dos tópicos que más trabajo le dio este año a la Defensoría del Pueblo. El área con mayor demanda fue Orientación Legal, donde los vecinos pueden asesorarse sobre sus derechos. Allí, las consultas más frecuentes fueron por multas de tránsito y alquileres. También, en menor medida, por siniestros viales, compra de vehículos y regularización o usurpación de viviendas.

Ayer, el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, presentó en el Concejo Deliberante su informe anual, que comprende el período de septiembre de 2016 a agosto de 2017.

Confirmó que, en seis años al frente del organismo, aumentaron significativamente los casos atendidos: de 1661 en 2011 pasaron a 4132 en 2017, más del doble. Añadió que casi la mitad de la demanda proviene de familias del oeste.

Del intenso trabajo anual, un 46% correspondió a la oficina de Orientación Legal, que atendió a 1914 vecinos. Allí, el 22% de las consultas fueron por contravenciones de tránsito y conflictos judiciales, otro 19% por desacuerdos con alquileres y un 16% por trámites de jubilación o pensión.

Entre los reclamos por contravenciones y juicios, la mayoría se debió a multas de tránsito y por estacionamiento, acarreo de autos, intimaciones por deudas, accidentes de tránsito y diferencias en la compra o venta de vehículos.

En cuanto a los alquileres, muchos fueron inquilinos que pidieron asesoramiento por el aumento de precios, la demora en devolución de depósitos o malas condiciones edilicias. También hubo propietarios que se acercaron por inconvenientes con la regularización de viviendas o usurpación de inmuebles.

Entre las solicitudes por jubilaciones, lo más frecuente fueron las consultas por suspensiones de cobro, trámites demorados o liquidaciones confusas.

Además, en menor cantidad, hubo vecinos que consultaron para gestionar un plan social o problemas con tarjetas de crédito y préstamos.

En el área de Mediaciones, la Defensoría rondó este año las mil intervenciones y logró un acuerdo entre las partes en casi la mitad de los casos.

El 33% se debió a disputas con comercios, el 17% a problemas de convivencia entre vecinos y un 14% a conflictos familiares.

En esta oficina también fueron importantes los reclamos por alquileres, que alcanzaron el 11% de los casos.

Otro sector con mucha demanda fue Defensa del Consumidor, donde las denuncias apuntaron mayormente a bancos y concesionarias (ver aparte).

Bancos y autoplanes no hacen los deberes

La oficina de atención a usuarios y consumidores, que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo, recibió en el último año a 812 personas.

Las quejas recibidas en su mesa de entradas apuntaron principalmente a bancos y financieras, así como autoplanes y empresas de telefonía.

El 39% de los reclamos fue contra entidades bancarias, principalmente por descuentos de seguros no contratados en las tarjetas de crédito. Desde la Defensoría se gestionó la baja y devolución del dinero sustraído.

Otro 15% de las denuncias fueron contra vendedores de autoplanes y fábricas de autos, motos y repuestos. Los compradores cuestionaron la demora en las entregas, las excusas para no devolver el dinero al terminar el plan y también pidieron ayuda con los contratos.

Las telefónicas motivaron otro 11% de las quejas, mayormente por malas prestaciones del servicio, sobrefacturación y obstáculos al pedir la baja.

Además, hubo un 10% de denuncias contra hipermercados y cadenas de electrodomésticos por incumplimiento de garantías y alimentos de mala calidad.

Riva se quejó por el ajuste de Pechi y pidió mejor trato

A diferencia de años anteriores, el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, aprovechó su informe anual ante el Concejo Deliberante para denunciar el trato “injusto” del Municipio hacia el organismo que él dirige.

Recordó que el intendente Horacio Quiroga le redujo el presupuesto a la mitad, sin respetar la legislación, y reprochó: “Las normas están para cumplirlas”.

Riva acusó al intendente de aplicar “una reducción gradual y persistente a lo largo de siete años” del presupuesto de la Defensoría.

Recordó que en 2010 les asignaban el 1,4% de los recursos municipales y aseguró que en 2017 la cifra cayó al 0,82%.

También criticó que no puedan funcionar en un inmueble adecuado y los vecinos deban ventilar sus problemas íntimos sin la privacidad que merecen, porque el aumento del trabajo no se acompañó desde lo edilicio. “No puedo dejar de interpretar esta divergencia como un castigo a un organismo de contralor del Ejecutivo”, expuso en su informe. Luego recordó que, si bien se lo señala como opositor a Quiroga, nunca usó sus facultades para pedir sanciones contra funcionarios que no cumplieron con las normas.

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