El directorio de Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), presentará en los próximos días una licitación para contratar a una consultora internacional que tendrá como objetivo la elaboración de una propuesta normativa para re-regular el mercado eléctrico.

Desde la salida de la Convertibilidad a inicios de 2002, hace más de 17 años, el negocio de generación estuvo intervenido por decenas de resoluciones y actos administrativos del Estado que, con el paso del tiempo, edificaron un andamiaje normativo ad hoc que afectó el funcionamiento del mercado según lo establecido por la Ley 24.065.

La iniciativa que impulsa ahora la Secretaría de Energía apunta, precisamente, a desandar ese camino y crear un nuevo esquema regulatorio que permita la recontractualización del sector. Es un viejo reclamo de los actores privados de la industria. De hecho, esta semana la decisión de la cartera que dirige Gustavo Lopetegui fue respaldada por las asociaciones de generadores (Ageera) y transportistas (Ateera), accionistas de Cammesa.

¿Por qué es un proyecto importante?

En declaraciones a (https://econojournal.com.ar/2019/05/lo-unico-que-deendo-es-la-agenda-del-gobierno/)Revista TRAMA (https://econojournal.com.ar/2019/05/lo-unico-que-deendo-es-la-agenda-del-gobierno/), Lopetegui definió al segmento de generación como un “Frankestein” con múltiples parches regulatorios.

El segmento funciona hoy sobre una base regulatoria escrita en los ’90 que, tras la crisis de 2001, fue obturada por resoluciones del Poder Ejecutivo que dejaron sin efecto varios de los ejes centrales de la Ley 24.065 (de Energía Eléctrica), sancionada en 1992.

La consultora internacional que se imponga en el concurso de Cammesa deberá elaborar una propuesta regulatoria parar normalizar la operación del sector. Según comentaron fuentes de la Secretaría de Energía, la intención es preparar una hoja de ruta que permita avanzar con una nueva regulación de fondo para la industria. No se descarta, incluso, que la propuesta incluya también un conjunto de cambios sobre la Ley 24.065 que deberán aprobarse en el Congreso Nacional.

Tiempos

La agenda trazada por Energía es ambiciosa. Lopetegui quiere que la compulsa esté resuelta el 1º de julio y que el trabajo de la consultora —se estima que participarán entre 8 y 10 firmas internacionales, que deberán complementarse con una pata local— esté concluido el 1º de noviembre. Está claro que las consignas del trabajo no llegarán a implementarse por el actual gobierno. Quedarán como hoja de ruta de un eventual segundo mandato de Cambiemos o como una propuesta entrante para una nueva administración.

Obstáculos

El Gobierno quiere que la iniciativa contribuya a recontractualizar el mercado eléctrico tras años de intervencionismo estatal. ¿Qué significa eso? Que las generadoras —Pampa Energía, Central Puerto, AES y Enel, entre otras— puedan firmar contratos de venta de energía con distribuidoras eléctricas de todo el país, así como también con grandes usuarios industriales. Para avanzar en esa dirección hay varios inconvenientes:

1. El perfil comercial, financiero y hasta accionario de las distribuidoras varía de forma significativa. Hay empresas provinciales, cooperativas y otras privadas con conductas diferentes. Aún existen grandes distribuidoras provinciales que no pagan en tiempo y forma la energía que toman del mercado mayorista. Eso no puede suceder si se quiere recontractualizar el mercado de generación.
2. Por la devaluación que empezó en abril del año pasado, las tarifas que pagan los usuarios residenciales aún no cubren el precio real de producción de energía. En concreto, lo que abonan los hogares por la electricidad que consumen no alcanza a repagar lo que cuesta generarla. Habrá que ver si es posible liberar el mercado con ese atenuante.
3. La falta de oferta de gas para el segmento de generación durante los meses de invierno es un obstáculo importante porque encarece la operación del parque termoeléctrico durante ese período. Como el gas producido localmente no alcanza, es necesario importar LNG o combustibles líquidos para cubrir esa faltante. El problema está en que no es factible trasladar esos costos adicionales a las tarifas, por lo que es complejo que la importación esté en cabeza de los privados. Habrá que ver si es factible crear un fondo de estabilización que compense los sobrecostos de despacho del invierno con la baja de costos del verano por el sobrante de gas. Pero en una economía como la argentina que seguirá con altos niveles de inflación y fluctuaciones de tipo de cambio, esa opción no parece sencilla.

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