Buscando destrabar los problemas que acarrearon los fallos adversos, organiza las convocatorias públicas para la suba en los servicios de gas y electricidad.

Tras sufrir varios reveses judiciales, el gobierno nacional activará en las próximas horas una convocatoria para la realización de Audiencias Públicas para analizar -por separado- las políticas tarifarias para los servicios de electricidad y de gas natural, según fuentes oficiales.

La decisión se explica en la necesidad de despejar el camino hacia una resolución de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de ambos servicios en febrero y abril, respectivamente, y la consecuente serie de recursos judiciales interpuestos en contra por diversas organizaciones sociales.

En el caso del gas, ya está en consideración de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tales incrementos quedaron en un limbo que preocupa a usuarios, empresas proveedoras y al propio gobierno. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó temprano la intención de convocar a audiencias, que el funcionario calificó de “informativas”, pero que por la tarde se confirmaron como las que corresponden a las diseñadas en las leyes 24.076 (Gas) y 24.065 (Electricidad).

El anticipo se vio ratificado luego por declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y ambos estuvieron trabajando hasta pasadas las 20 en Casa Rosada, preparando las resoluciones de convocatoria .

La realización de esta audiencias está reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores (residenciales e industriales) para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (Enargas y ENRE).

Mientras, las empresas distribuidoras de ambos servicios están a la espera de instrucciones por parte de los entes reguladores respecto del criterio a aplicar en la facturación.

Las gasíferas han paralizado la emisión de sus facturas .

El dato

24076 es la ley que regula las audiencias tarifarias en el caso del gas y la 24065 en el caso de los servicios eléctricos.

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