Luego de que, el viernes, la justicia bonaerense dio vía libre a los aumentos en la tarifa de la luz, el gobierno de María Eugenia Vidal comenzó a notificar a las empresas y cooperativas de energía eléctrica para que puedan disponer de un aumento promedio del 58%, con casos que llegarán hasta el 100% de la facturación.
Fuentes oficiales dijeron que si bien aún no se sabe cuándo comenzarán a emitir las facturas con los nuevos importes las empresas, para la primera semana de julio algunas cooperativas ya podrían estar liquidando el servicio con el nuevo valor. «Esto es automático: una vez que son notificados depende de cada empresa y de su estructura para emitir facturas y readecuar sus tarifas», dijo a LA NACION una fuente oficial.
Los aumentos en la provincia de Buenos Aires podrán ser aplicados por las distribuidoras Edelap, EDEN, EDEA y EDES, y casi 200 cooperativas eléctricas (la mayoría de ellas del interior). Sin embargo, no incluyen a los usuarios de Edenor y Edesur, que están bajo la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En la resolución oficial que dispuso el aumento se exigió a las empresas la inclusión de un plan de inversiones y obras para este año por $ 580 millones y más de 5800 millones en cinco años.
Los aumentos en la provincia habían sido suspendidos por el juez Luis Arias, que había otorgado una medida precautelar. El magistrado había hecho lugar a un planteo presentado por la Defensoría del Pueblo, que reclamó la nulidad de la resolución 149 del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que autorizó los aumentos.
Sin embargo, el viernes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo otorgó «efecto suspensivo» al recurso de apelación presentado por el Estado contra la medida que había otorgado Arias y dio vía libre a los aumentos.
La Defensoría del Pueblo afirmó que apelará la medida. «Esta sentencia es parte de un proceso judicial y recién terminará cuando haya una sentencia firme. Lo que se rechazó fue una medida precautelar, pero redoblaremos nuestros esfuerzos cuando se discuta la medida cautelar, que es una instancia posterior, y ahí seguiremos luchando por tarifas razonables para que la gente pueda pagar, cosa que ahora no sucede», dijo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
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