Con costos y contratos dolarizados en toda la cadena energética, el tipo de cambio complica la posibilidad de cumplir con el FMI y acotar los aumentos antes de las elecciones. Con el dólar en un nuevo récord nominal de $ 44,90 al cierre de ayer, las tarifas energéticas sufren una nueva presión al alza, justo en los días previos a que se determinen aumentos de combustibles y gas, que regirán a partir de abril.
Fuentes del sector confirmaron a El Cronista que el gas subirá un 29%. Anoche persistía la duda de si sería a partir del próximo lunes 1° de abril, como corresponde, o será en cuotas.
Las empresas transportistas y distribuidoras esperan novedades para la mañana de este jueves. Allí podrían quedar definidos los nuevos cuadros tarifarios que apruebe el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), con el encargo de la Secretaría de Energía de que el aumento quede en 29% final.
En las gasíferas preocupaba ayer el índice de actualización de ingresos que utilizará el Enargas: si será el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) -como se establece en la Revisión Tarifaria Integral (RTI)-, que entre septiembre y febrero sumó un 26%; si podrán recuperar además los ingresos perdidos por la aplicación en octubre de un coeficiente que mezcló el IPIM con el costo de la construcción y la variación salarial -para contener en aquella oportunidad las tarifas-, con lo que en ese caso el ajuste sería de 36,5%; o si otra vez el Gobierno hará un mix de indicadores para llegar a una menor suba en la tarifa final a los usuarios residenciales.
Esa solución ya generó que las gasíferas presentaran recursos administrativos en diciembre y amenazaran con demorar inversiones, una instancia de batalla que se podría acentuar de repetirse esta vez. En el segundo cuatrimestre del año pasado, las compañías del sector habían desistido de juicios contra la Argentina en organismos internacionales por unos u$s 3400 millones por el congelamiento tarifario posterior a 2004. Este Gobierno pidió levantar esos procesos a cambio del aumento de tarifas.
Lo más sensible a la variación del tipo de cambio y que representa una urgencia en estos días es el precio de los combustibles líquidos. En privado, fuentes de una refinadora privada que compite con YPF sostuvieron en diálogo con El Cronista que por el salto del dólar de 12% en el mes (desde los $ 40,10), «las naftas deberían subir un 10% en abril».
Desde una productora no integrada, por su parte, afirmaron: «Aunque todavía no está claro, no sería extraño pensar que haya un alza de entre un 5% y un 10% para mitigar la devaluación».
Aunque el valor de la materia prima -el petróleo- se mantuvo estable en el mundo, en torno a los u$s 66-68 por barril de acuerdo al día, la suba del dólar encarece a las refinerías el costo de las compras a las productoras. Además, cuanto más aumenta el dólar baja el porcentaje de retención local: ahora es de 9%, teniendo en cuenta que por cada dólar de exportación se deben dejar en manos del Estado $ 4.
Esto último genera una gran bronca entre las petroleras no integradas, ya que todavía no pueden exportar el petróleo liviano que producen mayoritariamente en Neuquén y Río Negro (recién lo podrían hacer a fin de año) pero las refinadoras le bajan el precio para comprar y abastecer el mercado interno.
Asimismo, un incremento impositivo de $ 0,485 por litro en las naftas y de $ 0,282 en el gasoil, como resultado de la inflación del cuarto trimestre de 2018 (11,6%, dividido en dos cuotas de 5,8% en marzo y abril) sumará por lo menos 1% al precio de la nafta súper y 0,8% al del gasoil común.
Los biocombustibles, que son el componente con menor peso en la ecuación, se mantienen congelados desde febrero. Como el aceite de soja con el que se produce el biodiesel también tuvo un alza, el biodiesel podría saltar cerca de un 8% y adicionar aproximadamente un punto porcentual al precio del gasoil.
La devaluación también provoca incertidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el déficit primario cero. Es que el Estado deberá desembolsar más subsidios para la generación eléctrica, que se presupuestaron en $ 104.000 millones con un dólar promedio de $ 40,10 para todo el año. Como el costo mayorista de la electricidad está dolarizado, mayor devaluación significa más subsidios, o la necesidad de subir más las tarifas, algo complicado en la previa de las elecciones.
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