Aumentará el precio mayorista, pero no necesariamente se trasladará totalmente a los consumidores; el Estado podría absorber una parte. Con el cuidado que demanda un período electoral y las enseñanzas cosechadas este año tras el revés de la Corte Suprema, las quejas de sectores sociales y la marcha atrás del plan inicial para aumentar las tarifas, el Gobierno volverá en 2017 a aplicar aumentos graduales en el precio de la electricidad con vistas a reducir los subsidios que aporta el Estado a los hogares y que son responsables de una parte del déficit fiscal.

Así lo afirmó ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren , en un encuentro con la prensa en el marco de la celebración por el Día del Petróleo, que se hizo en el hotel Sheraton.

También aclaró que los beneficiados con la tarifa social no sufrirán los aumentos. Ese universo abarca hoy a 3,75 millones de usuarios, y según los registros del Ministerio de Desarrollo Social, podrían acceder a esa tarifa especial hasta 4 millones de hogares en total. «Por ley, en el caso de las tarifas eléctricas el precio estacional de la energía [mayorista] se establece dos veces al año, en febrero y en agosto. Por lo tanto, la información al público [con respecto a cuál va a ser el precio de generación de la electricidad] se va a conocer a mediados de enero, cuando evaluemos [los resultados de] las audiencias públicas para el transporte, la distribución y [la forma en que] podemos trasladar de forma gradual en tres años el incremento del costo de generación, para que salvo en el caso de los que tienen tarifa social los subsidios se reduzcan de manera gradual».

En otros términos, el Gobierno espera el año próximo aplicar la ley, dado que la normativa del sector eléctrico estipula la revisión del precio mayorista de la energía dos veces al año. Pese a eso, aún no está definido si los ajustes se trasladarán con la misma periodicidad a las facturas.

Un colaborador de Aranguren sostuvo que el Gobierno se puede guardar la posibilidad de frenarlos de acuerdo a varios factores. Entre ellos, la inflación, la marcha de la economía, la situación social o la cercanía de las elecciones. Es lo que ocurrió este año: Energía dispuso dos aumentos en el precio estacional de la energía, pero sólo trasladó el primero a la factura. De manera que las revisiones anuales previstas para los próximos años podrían contemplar otros mecanismos que disimulen los efectos sobre los usuarios de servicios públicos.

Las revisiones del precio estacional de la energía son habituales, pero en el kirchnerismo los ajustes no se notaban en las facturas porque el Estado cubría la diferencia. Ahora los aumentos los pagará la demanda.

Aranguren envió la señal inequívoca de que la intención oficial es llegar a 2019, el último año de mandato de Mauricio Macri, con subsidios mucho menores a los actuales. Es una de las claves para alcanzar la promocionada normalización de la economía, dado que hoy los usuarios de energía eléctrica pagan sólo el 30% del costo de la electricidad. El restante 70% lo pone el Estado, que este año deberá desembolsar US$ 9100 millones por ese motivo.

El ejemplo del gas

En el caso del precio mayorista del gas, la fórmula que aplicó este año el Gobierno implica para un usuario intermedio ajustes en dólares de entre 9,9 y 10,2% cada seis meses hasta 2019, también con el objetivo de reducir subsidios. El plan es que al final del mandato todas las categorías paguen un precio similar por el gas en boca de pozo (mayorista) cercano a los US$ 6,78 por millón de BTU (la unidad de medida), cifra que se acerca al valor de importación.

El último aumento del precio estacional de la energía ocurrió en octubre pasado. El Gobierno llevó el precio de referencia de la energía en horas a $ 773 el megavatio/hora. Su impacto en la factura es muy diverso según el tipo de cliente.

El Gobierno presentará hoy su propuesta de aumento del precio de la energía en las audiencias públicas de la electricidad. No se trata de una práctica a la que la ley lo obligue, pero después del traspié del gas, considera que es un escudo frente a posibles medidas cautelares o fallos de mayor instancia que frenen los ajustes.

«Mañana [por hoy] tendrán lugar las audiencia públicas, donde se mostrará cómo se define el precio estacional, ya sea que un juez diga que no se puede aumentar el precio estacional porque no fue sometido a audiencia pública, pese a que no lo requiere la ley», sostuvo el ministro, en referencia a lo que ocurrió este año con la Corte Suprema, que lo obligó a presentar en esos encuentros los valores del gas en boca de pozo.

Las claves de la electricidad

Precio estacional: El marco regulatorio de la electricidad prevé dos revisiones anuales del precio estacional. El kirchnerismo pagaba la diferencia con subsidios, que el gobierno actual quiere eliminar

Aumentos en la factura: Aún no está definido, pero es posible que los usuarios no tengan dos aumentos al año en su factura, dado que el Gobierno puede absorber una parte o aplicar otros mecanismos para prorratear los incrementos

Costos y precios: Pese a los aumentos, en la Argentina los usuarios del servicio pagan apenas el 30% del costo de la electricidad en el país. El restante 70% se cubre con fondos del Estado, es decir, con subsidios

El petróleo, a la espera de inversiones millonarias

El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, sostuvo ayer que el desarrollo de la Cuenca Neuquina de gas no convencional «requiere de una inversión de US$ 20.000 millones anuales por un período prolongado».

En la celebración del Día del Petróleo, dijo que a esto debe añadirse un desembolso de US$ 30.000 millones a lo largo de los próximos 15 años para ampliar la capacidad de transporte y distribución del fluido que satisfaga el aumento esperado de la demanda. «Todo esto dará un importante aumento en el empleo directo, indirecto e inducido: entre 50.000 y 60.000 puestos directos a incorporarse y, con las obras de infraestructura, esta cifra podría alcanzar los 100.000 puestos de trabajo», sostuvo.

El directivo puntualizó que «esto traerá aparejados muchos beneficios para el país, como un fuerte aumento de la recaudación nacional y provincial, una disminución de importaciones, posibilidad de exportar y ahorro de divisas, impacto en el PBI nacional de entre 1 y 3 puntos de crecimiento productivo; generación de infraestructura nueva que puede ser aprovechada por otras actividades; mayores inversiones en petroquímica y flexibilidad para la introducción de recursos renovables».

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