A los cuestionamientos por la propuesta de desprenderse del paquete accionario se sumó el Instituto Mosconi. Consideran que sería un error salir de una compañía

La venta de las acciones que tiene el Estado en la transportista de energía Transener sigue sumando capítulos. La decisión del ministro de Energía Juan José Aranguren, impulsor de la maniobra, fue cuestionada a través de un informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”: “El Estado nacional debe alentar al sector privado a invertir en aquellos sectores donde exista competencia y riesgo, evitando los monopolios privados originados en decisiones ministeriales”, dice el cierre de un extenso análisis firmado por las autoridades del organismo.

El 52% de Transener le pertenece a Citelec una compañía que está, en partes iguales, en manos del gobierno nacional (a través de Enarsa) y Pampa Energía, la compañía del grupo de Marcelo Mindlin, un empresario cercano al gobierno nacional. El 48% restante pertenece al Fondo de Garantía de la ANSES (19%) y a accionistas privados.

Aranguren ya respondió una crítica que hizo un sector de la UCR y confirmó que la venta sigue en pie. “Aquello que pueda ser realizado por un privado, no debe ser realizado por el Estado”, indicó en aquel momento.

A través de un decreto (882/17) de noviembre pasado el ministro dio a conocer que el gobierno se desprendería de sus participación en seis centrales térmicas y en Transener. Para la estimación de los valores a negocionar se ordenó la contratación de una consultora con honorarios por unos 24 millones de pesos.

Según pudo averiguar “Río Negro Energía” en los próximos días se publicará por Boletín Oficial el nombre de la empresa que se hará cargo las tasaciones.

Pero, ¿Cuál es la importancia de Transener para el mercado de la energía en el país?

El ex secretario de Energía y actual titular del Instituto Mosconi Jorge Lapeña considera que la empresa es “estratégica” para los planes energéticos a futuro que trazó el gobierno de Mauricio Macri. En consonancia con lo que dice el informe del IAE del organismo indicó que por las redes de alta tensión que opera la compañía pasa el 70% de la electricidad del país.

El rol de la transportista es clave en el actual escenario de ampliación del parque de generación eléctrica que, al tener como eje las renovables, obliga a unir puntos dispersos en todo el país con los grandes centros de consumo. Los especialistas consideran que dejar esta planificación en manos privadas sería un error porque el objetivo de desarrollo general es superador.

Incluso recuerdan que el gobierno lanzará la construcción de ocho líneas de alta tensión, a través de los programas de participación público-privada (PPP), para completar 2.715 kilómetros con desembolsos por 3.000 millones de dólares.

Desde el IAE agregan además dos fuertes variables: por un lado que la compañía genera ganancias y las tendrá por 68 años más que es el tiempo que queda de concesión de las líneas de alta tensión y; por el otro, que es una compañía “sin riesgo empresario” porque las inversiones que tiene comprometidas se trasladan a las tarifas de los usuarios.

“Solo puede dar ganancias”, asegura el informe y agrega que sería un error que Enarsa se desprenda de ese paquete accionario porque se trata de una empresa deficitaria que necesitaría del auxilio estatal para sobrevivir cuando ahora puede costear su funcionamiento con su participación en Transener.

Para Lapeña la respuesta de Aranguren al grupo de legisladores de la UCR fue “intempestiva y fuera de estilo”. En resumen le pareció una contestación “ideológica” a un tema técnico. “No se trata de posicionamientos, lo central es entender por qué se quiere tocar algo que funciona bien existiendo tantos otros que son un lastre”, indicó.

El cruce de posiciones llegó a tal punto que Lapeña renunció la semana pasada a los directorios de Enarsa y Transener.

El extenso informe elaborado por el IAE, denominado “Poderosas razones para no vender las acciones que posee el Estado nacional a través de Enarsa en Transener”, destaca el papel de la participación estatal en áreas clave para el desarrollo del país.

“La teoría económica abunda en demostraciones acerca de la competitividad en la cadena de valor de la industria eléctrica, y nos enseña que los segmentos del transporte y distribución son monopolios naturales que deben ser regulados, y cuya expansión requiere inversiones de largo plazo y baja rentabilidad”, indican en una parte del documento.

El Estado nacional compró las acciones, que estaban en manos de Electroingeniería, en mayo de 2016. Esta decisión fue celebrada en el informe, publicado días atrás, donde se recuerda que el valor bursátil se multiplicó de la mano de las nuevas políticas para el sector eléctrico y donde además se señala que Transener controla la estratégica Transba encargada de la distribución troncal de energía eléctrica en uno de los mayores centros del consumo del país: la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de las críticas técnicas a la decisión de una reprivatización de la compañía, también hay sectores que apuntan a la posibilidad de que se habilite un negocio en el que el Estado tiene más para perder que para ganar en el largo plazo.

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, vinculado al grupo de los exsecretarios de Energía, salió al cruce por la maniobra.

En números

70% de la energía eléctrica que se genera y distribuye en el país pasa por las redes de la firma transportista.

68 años de concesión le restan aún a la empresa dedicada al transporte de alta tensión.

u$s 24 millones es lo presupuestado para los honorarios de la consultora que se hará cargo de evaluar a los posibles compradores de Transener.

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