Abocado de lleno en resolver el complejo rompecabezas que terminaron siendo los subsidios a los servicios públicos, el gobierno nacional busca ahora alinear las variables para poder comenzar con una quita progresiva en el sector eléctrico, que emulará en algunos puntos a la del gas.

Con esta meta en la mira, avanza con un plan federal energético que busca, entre otros puntos, obtener el compromiso de los gobernadores de no autorizar aumentos en el servicio. A cambio, la Nación financiará obras de distribución, por entre 120 y 200 millones de pesos según el distrito.

Río Negro se sumó esta semana con la firma del gobernador Alberto Weretilneck. Al cierre de esta edición, Neuquén evaluaba hacer lo propio, aunque en este caso también se requiere aval de los intendentes que tienen concesionado el servicio, ya que no existe aún un ente regulador que aúne el sector.

A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, las provincias sí autorizaron aumentos en el servicio eléctrico, específicamente en el rubro conocido como VAD. Se trata de los costos operativos de las distribuidoras para llevar la electricidad a la puerta de los usuarios.

Esta situación generó una disparidad tarifaria que contempla abultadas diferencias de hasta 13 veces entre una factura del interior y otra de la Ciudad de Buenos Aires o La Plata.

Más allá del congelamiento tarifario, la Nación avanza también en una segmentación del país para unificar por regiones el costo del servicio. Se trata de una medida que a todas luces parece difícil de realizar ante un escenario tan disímil, pero que podría poner un poco de orden al ya complejo mundo eléctrico de la Argentina.

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