Las nuevas tarifas de electricidad, que según fuentes oficiales se darán a conocer hoy, tendrán dos características que habían caído en desuso: se actualizarán cada seis meses y considerarán los aumentos de costos de las empresas, un cálculo que tomará en cuenta ítems muy diversos, como el plan de inversión de las compañías, la inflación según el Indec y el tipo de cambio. Así lo estipula la resolución 7 del Ministerio de Energía, que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Los nuevos aumentos, que rondarían el 300% en promedio, se destinarán a recomponer los ingresos de Edenor y Edesur, y se sumarán en las facturas al incremento en el precio mayorista de la energía que anunció el Gobierno anteayer.

La norma publicada por la cartera de Juan José Aranguren le ordena al ente regulador, ENRE, que disponga un ajuste en la porción de las facturas que les corresponde a las distribuidoras mediante la aplicación del Régimen Tarifario de Transición. Esa fórmula está en las actas acuerdo que aprobó el presidente Néstor Kirchner en 2006 (casi idénticas para Edenor y Edesur) y que no fueron del todo aplicadas.

El gobierno de Mauricio Macri utilizó los documentos del kirchnerismo para avanzar en los aumentos. No fue una elección ingenua: si bien la administración anterior no los había implementado, sí dio pasos fundamentales para su puesta en marcha, como su sometimiento a audiencia pública, la aprobación de parte de distintos organismos del Estado y la silenciosa aprobación del Congreso, que no los rechazó.

El denominado Régimen Tarifario de Transición sostiene que el Ente Regulador (ENRE) aplicará «cada seis meses» el Mecanismo de Monitoreo de Costos, que en términos resumidos contempla los mayores gastos de las empresas y sus inversiones. Las actas acuerdo lo identifican como «el proceso de redeterminación de los ingresos por variación en los precios de la economía», una definición que se asemeja mucho a la de inflación.

Para llegar a las nuevas tarifas, el esquema contempla una fórmula matemática compuesta por diversos índices de inflación que elabora el Indec, como el de Precios Internos al por Mayor, el de Precios al Consumidor Nivel General, el de Salarios y el Costo de la Construcción. También, el promedio diario del tipo de cambio de referencia y los precios de los combustibles.

Esa fórmula representa algunos problemas que deberá saldar el ENRE. El más evidente: el Gobierno interrumpió la publicación del IPC hasta que el Indec revise la metodología con la que se elaboraba, sospechada de manipulación. Hay otras cuestiones menores y fácilmente salvables. Por caso, las actas acuerdo obligan a tomar los precios de los combustibles de Repsol YPF, que dejó de existir tras la expropiación del 51% de sus acciones en la petrolera nacional.

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El ENRE deberá despejar más dudas. Desde fines de 2007, la administración anterior dejó de trasladar a las tarifas los mayores costos. Según los balances de Edesur, entre noviembre de ese año y octubre de 2014 no se trasladaron a las facturas incrementos en torno al 300% para remunerar a las distribuidoras. Esa es la suma que, en principio, deberían contemplar los aumentos que se aplicarán desde el lunes.

Subsidios y energía gratis

La resolución de ayer recuerda que el pago de sumas resultantes por los mayores costos no se trasladó a tarifas, como sostenían las actas acuerdo, sino que se convirtieron en «criterio para determinar los montos que aportaría» el Estado en concepto de subsidios.

También le ordena al ENRE aplicar una tarifa social, que contempla un bloque gratuito por hasta 150 kWh/mes de energía gratis. Si consumen por encima de ese nivel, siempre que no hayan aumentado el uso del servicio, pagarán menos del 10% del precio de referencia por la porción que corresponde a la electricidad. Aún no está claro cuál será el costo de la distribución para ese sector.

Entre los beneficiados están jubilados y pensionados que perciban hasta $ 12.120 (equivalente a dos salarios mínimos), empleados con un ingreso idéntico, titulares de planes sociales o con certificado de discapacidad, inscriptos en el régimen de monotributo social o en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y quienes cobran un seguro de desempleo. Desde hace tiempo el equipo de Aranguren calcula que unos dos millones de hogares debajo de la línea de pobreza no pagarán la luz hasta los 150 kWh/mes.

La norma también estableció quiénes no podrán acceder a la tarifa social. Por ejemplo, quienes tengan un auto con hasta 15 años de antigüedad, los dueños de embarcaciones o aeronaves de lujo y los propietarios de más de un inmueble.

El premio para las distribuidoras Edenor y Edesur llegará también con obligaciones e impedimentos. Entre las primeras, deberán hacerse cargo con sus propios ingresos de las obras para sostener y mejorar el servicio, debido a que se les retirará la transferencia de recursos para financiar esos contratos, que hasta ahora pagaba el Estado. Además, la norma sancionada ayer les impide a ambas girar dividendos a sus accionistas, como estaba establecido en las actas que aprobó Kirchner.

La norma que se publicó ayer también dispuso que el ENRE avance en la Revisión Tarifaria Integral de las compañías metropolitanas, que lleva más de una década de atraso y que debería entrar en vigencia este año.

Todos los meses

Otro cambio importante para los usuarios del servicio eléctrico es que las facturas de las empresas metropolitanas se pagarán todos los meses, en reemplazo de las boletas bimestrales que funcionaban hasta ahora.

«A efectos de que los usuarios puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar, resulta conveniente que las facturas del servicio que se emiten en forma bimestral se instrumenten como una obligación de pago mensual», explica la resolución.

Anteayer, otra resolución del Ministerio de Energía, la número 6, dispuso un incremento superior al 140% en el precio mayorista de la electricidad, que regirá desde el lunes y hasta abril.

Esa modificación provocará incrementos superiores al 350% en el precio de la electricidad que pagan los usuarios residenciales que hasta ahora estaban subsidiados, mientras que las grandes industrias sufrirán un ajuste en torno al 600%, según sus propios cálculos.

De todas maneras, su impacto en las facturas será menor debido a que contemplan otros ítems. Casi no sufrirían cambios aquellos usuarios a los que ya se les retiró el subsidio.

Afirman que la suba puede impactar en el nivel de consumo

Martín Kanenguiser. La suba de las tarifas de los servicios públicos puede impactar negativamente sobre el nivel de consumo, aunque se compensaría con las medidas de alivio tributario planeadas por el Gobierno y por el aumento de las inversiones que puede darse en los próximos meses. Los analistas consultados por LA NACIÓN destacaron la importancia de esta medida como parte de la baja del déficit fiscal comprometido por el Gobierno.

Para saber cuál será el impacto sobre la inflación del mes próximo, los economistas ver el cuadro tarifario definitivo para el sector residencial del área metropolitana, aunque sumaría entre uno y dos puntos.

Los estudios Bein, Ferreres y ACM estimaron que la quita de subsidios planteada para este año le agregará entre 7 y 9 puntos a la inflación.

Rodrigo Alvarez, director de Analytica, dijo que la decisión «es parte de un ordenamiento necesario, porque el esquema actual no es eficiente y genera problemas, no sólo desde el punto de vista fiscal sino también de la equidad distributiva». El economista aclaró que los aumentos «van a tener impacto sobre la inflación y por eso la meta del 20 al 25% planteada por el Gobierno no parece sencilla de alcanzar; esperamos más bien un incremento de los precios del 30 al 35%».

En cuanto al efecto sobre el consumo, dijo que «está siendo golpeado en forma muy sesgada: hay sectores de ingresos medios que serán afectados por esta suba, pero el resultado final dependerá más de las paritarias, de los cambios en el impuesto a las ganancias y de la universalización de la asignación universal por hijo». Para Alvarez, «es posible que la inversión reaccione rápido, aunque no hay que dejar de mirar el consumo».

Federico Furiase, del estudio Bein, indicó que «todo ajuste de precios relativos es contractivo sobre el consumo, igual que ocurre con el tipo de cambio, aunque éste fue menor que lo esperado». Al respecto expresó que «hasta ahora hubo un equilibrio entre el dólar y las tasas que fue amigable. Y en este contexto, cuanto mayor sea la entrada de capitales, menor será la devaluación y el traslado a precios. En cuanto a la tarifa, cuantas más inversiones se consigan, más se amortiguará la corrección fiscal requerida. Pero a su vez la obtención de inversiones, más allá del clima externo, depende de la resolución del juicio en Nueva York y de la consistencia de los números fiscales».

Julián Folgar, de ACM, señaló que si se actualizan el tipo de cambio y las tarifas «el impacto en los ingresos dependerá de cuánto logren los sindicatos al pedir aumentos salariales, aunque parece que bajará el salario real».

Por su parte, FIEL detalló en un informe que la resolución 6/2016 de anteayer «va a tener un impacto muy significativo sobre los subsidios, del orden de los US$ 3400 millones corrientes o, de modo equivalente, un valor cercano al 0,7% del PBI». Aclaró que «el efecto neto, una vez que se tiene en cuenta la devaluación de diciembre de 2015 y el posible aumento en el precio del gas que paga el sector eléctrico se reduce al entorno de los US$ 2000 millones, o 0,4% del PIB».

Los beneficiados con la tarifa social

Jubilados y pensionados: tendrán acceso a un bloque gratis de energía quienes ganen hasta $ 12.120 por mes. Por encima de un consumo de 150 kWh/mes, deberán pagar el 10% de los precios de referencia.

Empleados: los empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta $ 12.120 (o dos salarios mínimos) también tendrán una porción gratis de energía, al igual que quienes sufran una discapacidad o cobren un plan social.

Otras categorías: la tarifa social también regirá para quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social o los aportantes al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico.

Pobreza: el equipo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, calcula que unos dos millones de hogares en todo el país que están debajo de la línea de pobreza accederán a la tarifa social.

Fuente: diario La Nación