El máximo tribunal no avalaría la presentación por originarse en miembros del Poder Legislativo. El Gobierno ganaría tiempo para avanzar con la suba de tarifas. Apenas 18 días pasaron del resonante fallo que la Corte Suprema de Justicia firmó frenando los aumentos en las tarifas de gas a usuarios residenciales. Pero en ese lapso el escenario se modificó bastante para el Gobierno, que mientras todavía digiere ese revés supremo se prepara para una sentencia más amigable desde el máximo tribunal, que mañana deberá definir la validez del fallo de Cámara que detuvo las subas de luz en la provincia de Buenos Aires por 90 días. La Corte le marcará algunas pautas a seguir al Ejecutivo, como la convocatoria de audiencias públicas y la protección de los sectores más vulnerables, pero en simultáneo rechazaría la cautelar presentada en la justicia platense por falta de sustento jurídico y así respaldaría los aumentos en el territorio bonaerense.

Antes de que la Corte se exprese sobre el tema, deberá surgir el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó que, si bien no es vinculante, es analizado por los jueces antes de resolver. Según fuentes del sector, Gils Carbó manifestará su postura entre hoy y las primeras horas de mañana, es decir, poco antes de que la Corte defina. La opinión de la jefa de los fiscales siempre fue clara respecto a la discusión por tarifas. Cree que se debe contemplar la situación de aquellos sectores sociales más postergados y evitar aumentos desproporcionados. Así lo hizo en el caso del gas, que tenía alcance nacional, en el que dictaminó la suspensión de todos los aumentos dispuestos por el Ejecutivo, incluidos los grandes usuarios, a los que la Corte exceptuó en su fallo.

No obstante, la procuradora reconoce como un defecto de la causa platense el hecho de que haya sido iniciada a raíz de una denuncia de integrantes de otro poder, legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria. «No existe una posición unívoca sobre el tema», reconocen en el Ministerio Público y admiten que ese es el principal punto flaco del expediente que la sala II de la Cámara Federal platense impulsó el 7 de julio pasado.

La Corte, en ese contexto, haría especial hincapié en ello, diferenciando el caso del fallo por el gas. «Será una suerte de aval al Gobierno», sostienen fuentes cercanas al palacio de Tribunales. Y lo afirman tomando como previa la sentencia del gas, que fue dura en lo económico y en lo político. En el primer campo, las pérdidas para el Ejecutivo por retrotraer las tarifas al 1º de abril se calcularon en $ 10.000 millones. En el segundo, imposible de cuantificar, representó un sacudón a la principal iniciativa del Gobierno en el año.

En la Corte confirmaron que el caso que se tratará es el platense y no el que llegó desde la jueza de San Martín, Martina Forns. Desde el Gobierno, en tanto, son mesurados a la espera de la decisión de la Corte. En línea con ello, evitaron convocar a audiencias antes de que lo pida el máximo tribunal. Si bien en Mar del Plata se realizó una a fines de julio, no abarcó a toda la Provincia y por eso debería convocarse a una en octubre.

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