Las concesiones de Edenor y Edesur, que prestan el servicio de distribución eléctrica en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, están bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional. El resto de las distribuidoras están bajo la órbita de las provincias donde prestan su servicio. Edenor y Edesur se encaminan en esa dirección, ya que avanza el traspaso a un ente bipartito controlado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el provincial.

Para lograr el nuevo estatus legal, quedan pendientes algunos asuntos sin resolver. «El Gobierno está trabajando en un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015 por el congelamiento de las tarifas», destacaron en la secretaría de Energía.

Bajo el esquema que vienen conversando, Edesur debería pagarle $ 4.000 millones para el Estado nacional, según fuentes oficiales. «El acuerdo no tendría costos para el Estado nacional ya que compensará deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta», puntualizaron fuentes oficiales.

Cammesa es la empresa mayorista del sector eléctrico, en la que el Estado posee el 20% de las acciones pero dirige el rumbo de la compañía. Además del pago de Edesur, en el Poder Ejecutivo nacional creen que van a obtener de las compañías (Edenor y Edesur) un compromiso de inversión de $ 7.000 millones para los próximos 5 años. Serían para obras y para mejorar la atención comercial, que es cuestionada por el actual ente regulador (Enre) y que generó sanciones del mismo a las distribuidoras por errores en la facturación.

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