El desacuerdo entre petroleras y distribuidoras impulsa más aumentos. La consulta pública convocada por la Secretaría de Energía y el Enargas para definir la metodología con que se fijarán las tarifas de gas para el próximo invierno vence el viernes de esta semana, pero subsisten presiones encontradas de petroleras y distribuidoras y grandes dudas sobre el esquema oficial.
La idea central del Gobierno y del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, es realizar una subasta electrónica a mediados de febrero para que las distribuidoras compren el gas a las petroleras, y previamente se está desarrollando una consulta pública sobre el procedimiento y sobre el mecanismo para trasladar a tarifas el precio del producto.
La subasta parte del criterio de que el valor del gas debe ser fijado por el mercado, a través del juego de la oferta y la demanda. En principio, con este mecanismo en el que ya no sería el Estado el que fija el precio y con la consulta en marcha, el Gobierno espera que no sea necesario realizar audiencia pública.
Es posible, sin embargo, que esos argumentos sean cuestionados por entidades de defensa del consumidor y que haya presentaciones en la Justicia. Desde el punto de vista económico, el esquema tiene varios flancos débiles.
Se realizará una subasta en la que resultará adjudicada la oferta más baja y se podrá contratar gas para un año, dos o tres, para un trimestre, o para un período estacional (invierno o verano). Pero el 80% del gas que se produce en la Argentina se concentra en cuatro empresas, y sobre todo una de ellas (Tecpetrol) está fuertemente subsidiada por el Estado, por lo cual no se puede llegar a la subasta sin que se defina primero qué va a pasar con ese beneficio. Por otra parte, aunque se recorte la subvención en adelante, todo el desarrollo del área Fortín de Piedra de Tecpetrol, en la que se asienta el aumento de la producción, se vio beneficiado por el apoyo estatal, lo que implica de entrada una competencia desigual.
El mecanismo de la subasta genera también otras objeciones. El criterio oficial es que como hay excedente de gas en el período octubre-mayo, el precio tenderá a la baja en esa época y podrá compensarse el alza del invierno cuando hay faltantes y el precio tenderá a acercarse al de importación.
Pero como se están autorizando crecientes exportaciones a Chile, no hay excedentes en la práctica, lo cual conspira contra el esquema de la subasta para el mercado interno. En teoría, cuanto más sobre el gas en el período estival, las petroleras tenderán a firmar contratos de largo plazo en los que el precio de invierno se vería acotado, pero si se les permite exportar y hay demanda en Chile, eso no sucedería.
Además, ya en septiembre del año pasado, YPF advirtió la necesidad de fijar un precio con vistas a todo el año, incluyendo el invierno de 2019, para amortiguar la diferencia, pero el Gobierno, urgido por la inflación, lo fijó en u$s4, por lo cual se puede estimar que ese valor subirá por lo menos un 50% a partir de abril.
A todo esto se suma que las distribuidoras objetan pagar el gas a las petroleras a 30 días cuando hasta ahora lo hacen a 75 días. Consideran que este costo financiero no se salda trasladando a tarifas del próximo semestre, las diferencias diarias acumuladas entre el producto comprado y el vendido más la tasa del Banco Nación a 30 días, tal como plantea el Gobierno.
Según las distribuidoras, se trata de temas diferentes: por un lado las diferencias acumuladas y por otro el plazo para pagar a las petroleras. Sostienen que no pueden pagar a 30 días el gas que cobrarán a los consumidores recién 60 días después, y reclaman que la medida se revise, lo que implica el riesgo de que el costo financiero ya impacte en las tarifas desde abril, y no solo desde el siguiente período semestral.
Para empeorar las cosas, el ex titular de Energía, Javier Iguacel, había asegurado que el alza del invierno de 2019 sería más digerible para los usuarios porque se iba a aplicar la tarifa plana, que implica pagar todos los meses del año una tarifa similar.
Pero las distribuidoras sostienen que la tarifa plana debió haberse puesto en marcha el 1 de enero, de modo que los usuarios empezarán a pagar por anticipado el gas del invierno. Si se lo aplica desde abril, sostienen, ellas tendrían que cargar con el costo de financiar el gas de los meses de mayor consumo, y no quieren hacerlo. En síntesis, se acumulan las presiones sobre las tarifas a aplicar desde abril, a lo que se suma que los márgenes de transportistas y distribuidoras deben ajustarse desde esa fecha según la evolución de los precios mayoristas (IPIM) de los seis meses anteriores, por lo que es difícil que el aumento pueda contenerse en el 35% anunciado a fines de diciembre.
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