Muchos usuarios indicaron que no pueden pagar la luz y el gas.

El impacto de los tarifazos ya llegó a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, que comenzó a recibir solicitudes para que se intervenga en los excesivos aumentos que los usuarios recibieron en las boletas de los servicios de luz, gas y agua.

En lo que tiene que ver con la energía eléctrica, el organismo que conduce Ricardo Riva recepcionó 54 reclamos, 32 de las boletas de gas y 14 referidos a agua. La mayor parte de las presentaciones se hizo entre fines de marzo y principios de este mes, que fue cuando comenzaron a llegar las nuevas facturas de luz que, en muchos casos, superaron el 200 por ciento de aumento.

“Lo que le pasa a la gente es que no puede pagar la factura, por eso vienen acá para ver de qué manera se pude accionar. Hoy estamos evaluando desde dónde y cómo actuar. Es muy complejo el sistema porque, en el caso de la electricidad, es una decisión que viene de Buenos Aires que se traslada a la cooperativa CALF. Quizá, y por nuestra competencia, se puedan revisar las tasas municipales. Habrá que analizar todo”, señaló Riva.

Con relación al gas, Neuquén, junto conotras defensorías de la Patagonia, ya solicitó, a través de una nota dirigida al Ministerio de Energía de la Nación, que, sin perjuicio de la aplicación de la tarifa social, se incluya a más hogares en un tratamiento diferenciado sobre la base del concepto de “pobreza energética”, que podría tener por resultado un subsidio que permita que el gasto por el consumo directo o combinado de energías utilizables para calefacción no supere el 10% de los ingresos totales de esa familia. Lo que se argumentó es que un hogar que no reúne condiciones para acceder a la tarifa social, igualmente puede ser pobre en materia energética porque sus necesidades obligadas de consumo de fluido le ponen en esa situación, no querida ni buscada, tanto por los crecientes costos de estas energías como por la ineficiencias energéticas de muchas construcciones, en particular viviendas sociales que el propio estado fomentó “sin adecuados criterios en la materia”.

Respecto del agua, Riva explicó que la Defensoría analiza sacar una resolución vinculada a si corresponde o no que este tema pase por el análisis del Concejo Deliberante de la ciudad, teniendo en cuenta que, pese a no estar todavía concesionado, este servicio debería regirse con una norma local dentro de la ciudad.

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