El Ministerio de Energía y Minería decidió contratar a Price Waterhouse & Co (PwC) para que lo asesore en el proceso de venta de las acciones que la ex empresa estatal Enarsa posee en la sociedad Citelec, principal accionista de Transener.
No se trata de una operación más si se tiene en cuenta que se trata de la mayor transportadora energética de alta tensión del país, cuya venta es causal de disputas en el seno de Cambiemos, entre el radicalismo y el PRO, y que su venta se da en momentos en los cuales la suba de tarifas genera una fuerte embestida de la oposición y de gran parte de la sociedad en contra del Gobierno de Mauricio Macri.
Transener surgió en los años 90, luego de la privatización del sistema de electricidad nacional y hoy posee la mayor red de transporte de energía, con casi 8.800 kilómetros.
Otros 5.500 km de la red de distribución pertenecen a su compañía filial Transba (Empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A.).
Enarsa es propietaria del 50% del capital de Citelec, la sociedad que controla el 52% de las acciones de la transportadora. El otro 50% de Citelec está en manos de Pampa Energía, el grupo energético propiedad del empresario Marcelo Mindlin.
En tanto, el 48% restante de Transener se distribuye entre el Fondo de Garantías de la Anses (19%) y accionistas minoritarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Enarsa desembarcó en Transener en el 2016, tras adquirir las acciones que la firma Electroingeniería poseía en Citelec, convirtiéndola en una sociedad mixta que presta uno de los servicios considerados esenciales, como es el transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Pero en diciembre del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri decidió salir del negocio energético y, entre otras disposiciones, decretó la fusión de Enarsa con Emprendimientos Binacionales (Ebisa) para crear la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA).
Además, dispuso la venta de los activos del Estado en el sector que incluyen sus centrales termoenergéticas y las participaciones accionarias en varias compañías, entre ellas Enarsa, con el objetivo de recaudar alrededor de u$s1.000 millones que serán usados para el repago de obras ya en ejecución u otras que serán encaradas en el futuro.
La decisión también tuvo que ver con el controvertido pasado de Enarsa, creada por el kirchnerismo en el 2004 y que tenía bajo sus responsabilidades, entre otras funciones, la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio del mismo producto con Chile y las compras de los embarques de GNL.
En el decreto de desinversión estatal que dispone la venta se consideró que «la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado nacional o de Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio».
En busca de candidato
Ahora, PwC deberá buscarle compradora a esas acciones estatales, luego de que se le adjudicara una licitación de la cual también participaron las los bancos HSBC Bank Argentina, el Santander Rio y la sucursal local de Citibank, todas ofertas que fueron desechadas por no cumplir con los requisitos exigidos en la documentación licitatoria.
De esta forma, Price cobrará $13,3 millones para asesorar a la cartera que dirige Juan José Aranguren en un servicio de consultoría de evaluación y asesoramiento financiero integral para encontrarle comprador al 50% de Enarsa en Citelec.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 157 que firma Aranguren y que le da la potestad a Price para que diseñe y estructure el proceso de venta.
La consultora tendrá seis meses para llevar a cabo este procedimiento que ganó a pesar de no haber sido la sociedad que logró mejor calificación y mérito por parte de los funcionarios que debían estudiar las propuestas.
De hecho, el primer orden de mérito fue para el BNP Paribas, con una calificación definitiva de 907,03 puntos, seguida por la de Price Waterhouse & Co, con 719,12 puntos.
Sin embargo, la consultora formuló observaciones y solicitó aclaraciones con relación al dictamen de evaluación.
También acercó documentación probatoria de su participación en 2.789 transacciones en procesos de fusiones y adquisiciones, y argumentó que, de haber sido consideradas el puntaje, hubiera sido el mayor entre los oferentes, con un valor de 200 puntos, modificando la puntuación del resto de las ofertas.
La presentación tuvo el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Participación Público Privada y logró ser considerada como la mejor, relegando a la del BNP Paribas.
En concreto, PwC es reconocida como una de las firmas de consultoría del grupo de las «Big Four», junto con Deloitte, KPMG y EY.
Es la empresa de servicios profesionales más grande del mundo prestando servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global. Emplea a más de 200.000 personas en 157 países. En Argentina posee 2.600 trabajadores y seis oficinas.
Ahora deberá hacerse cargo de una operación complicada desde lo económico y lo político.
De hecho, la venta de las acciones de Enarsa en Transener ha sido causal de diferencias en el seno de Cambiemos, ya que el radicalismo cuestiona la operación por motivos políticos y técnicos, patrimoniales y financieros.
También, un documento del Instituto Argentino de Energía (IAE), que preside el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, asegura que existen «poderosas razones para no vender».
No se trata de una crítica más ya que Lapeña fue director tanto de Enersa como de Transener, y renunció luego de la decisión del Gobierno de encarar este proceso de salida del Estado de la transportadora.
Si bien ahora se abre el camino a la búsqueda de interesados, en el mercado se mencionan a dos grupos colombianos y uno chino como posibles compradores de las acciones de Enarsa en Transener.
Más precisamente, a las empresas Interconexión Eléctrica y Grupo Energía Bogotá, junto al gigante asiático China Southern Power Grid, en el marco de una operación que algunos valúan en el orden de los u$s400 millones.
También se menciona a la familia Perez Companc, a través de su firma PeCom, como otro de los interesados.
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