Hay que evitar las tentaciones electorales. Por eso, no hay medias tintas para el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la hora de alcanzar la meta fiscal que -junto con el Gobierno y en medio de la crisis- fijaron de cara al año de elecciones.

El objetivo es claro: déficit fiscal cero. Por eso, tras la fuerte devaluación de este año, en su staff report, el Fondo pidió no caer en la tentación de aumentar indirectamente los salarios manteniendo los subsidios a la energía.

Así lo señaló en el punto 17 de su staff report para la segunda revisión, que fue aprobada anteayer en Washington por el board del organismo y que derivó en la liberación de US$7600 millones a ser girados al país en las próximas semanas. «Será importante resistir las presiones de mantener los subsidios a la energía e incrementar los salarios», señaló en negrita el FMI en el apartado de su informe sobre la situación fiscal.

«La reducción de los subsidios a la energía sigue siendo un componente importante del reequilibrio fiscal», explicó el organismo, y siguió: «El presupuesto 2019 prevé una reducción de los subsidios a la electricidad al aumentar las tarifas al 90% de los costos de producción a fines de 2019».

«Las autoridades deberán aplicar un marco regulatorio para traspasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de electricidad y gas. La decisión de este año de evitar ese traspaso resultará en un costo adicional de 0,1% del PBI del gobierno federal (que se pagará a los distribuidores de gas desde 2019-2021)», señaló el staff del Fondo.

Compensación

En el punto siete del staff report, en el que el Fondo estimó que el déficit primario se mantiene por debajo de los objetivos del programa, cierra con una definición sobre la suba de subsidios de este año: «Los subsidios a la energía se incrementaron con relación a 2017 porque la depreciación del peso aumentó los costos de importar energía».

En octubre pasado, el secretario de Energía, Javier Iguacel, estableció para los usuarios de gas el pago retroactivo en 24 cuotas ajustadas por la tasa pasiva del Banco Nacion como forma de compensar la pérdida que habían tenido las empresas por la devaluación. El escándalo político por la decisión obligó al Gobierno a dar marcha atrás y a anunciar que el Tesoro se haría cargo de la diferencia.

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