El 21% de los pasivos por la compra mayorista de energía está judicializado

La deuda de las distribuidoras eléctricas por la compra de energía en el mercado mayorista ascendió a $23.549.047.854 al 30 de junio de este año, según informó ayer Jefatura de Gabinete en un reporte enviado al Congreso.

De acuerdo a los datos brindados por la cartera a cargo de Marcos Peña, casi $5.000 millones de ese total (el 21%) está judicializado.

El documento desglosa los pasivos acumulados con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por provincia. Mientras Buenos Aires acapara menos de $900 millones, Misiones ocupa el primer puesto con $4.571 millones. Le siguen Chubut con $4.563 millones, Corrientes con $3.672 millones y Mendoza con $3.361 millones.

Por su parte, las distribuidoras de Río Negro adeudan $3.293 millones, las de San Juan $1.700 millones, las neuquinas $1.079 millones y las de Formosa $310 millones. En tanto, Entre Ríos y Santa Cruz aparecen últimas en la lista con $58 y $40 millones, respectivamente.

El distrito con mayor deuda judicializada es Río Negro, por unos $2.790 millones. En segundo lugar está Chubut, que tiene paseando por tribunales demandas por unos $1.877 millones. Incluso, algunas de ellas datan de febrero del año pasado. Se trata de las cooperativas de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Sarmiento, y Comodoro Rivadavia, que llegan a deber hasta 20 períodos pendientes respecto al último mes facturado.

Esta situación no es casualidad: la provincia gobernada por Mariano Arcioni arrastra desde 2018 una profunda crisis financiera que se agudizó este año y todavía no llegó a su fin, con protestas, paros y cortes de rutas ante la demora en los pagos de sueldos.

La otra cooperativa con deuda judicializada es la de Villa Gesell, que enfrenta dos demandas por $140 millones y $151 millones, iniciadas en junio de este año y octubre del 2018, respectivamente.

Al margen de estos pasivos, la distribuidora de esa localidad bonaerense enfrenta con Cammesa una falta de pago por casi $88 millones que no fueron judicializados, lo que hace un total de $380 millones, unos 16 «períodos pendientes» de facturación.

En ese sentido, la cooperativa de Tres Arroyos adeuda más de $41 millones, la de Necochea casi $65 millones y la de Zárate, $411 millones.

El conflicto de las cooperativas se inició este verano cuando el Gobierno nacional resolvió incrementar el precio mayorista de la energía, ante lo cual las distribuidoras provinciales iniciaron una rebelión por lo que entendían era un ajuste que ya no podían soportar los usuarios. La escalada llegó al punto de que Cammesa amenazara con cortarle el suministro directamente a poblaciones enteras, como ocurrió a principios de año con Resistencia.

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