Así como -pese a las subas de tarifas- los porteños siguen pagando la factura de electricidad menos que los habitantes del resto de las provincias, en el interior hay otra brecha. Es la que existe entre usuarios de distribuidoras estatales y privadas y de cooperativas, que, en la mayoría de las jurisdicciones, pagan más. El tema se reactualizó por las quejas de los vecinos ante las nuevas boletas y por la decisión en esta provincia de que en la factura de luz de las cooperativas (atienden al 30% del mercado) no se pueden incluir otros ítems.
Hace unos días hubo un «camionetazo» del movimiento cooperativo en la ciudad de Córdoba y, desde la provincia, les pidieron «más eficiencia» en sus costos para que no haya un desacople de las tarifas.
Desde las cooperativas -que a nivel nacional representan el 17% del mercado- insisten en que no son las que fijan el costo del servicio eléctrico, sino que compran a las empresas que -a su vez- adquieren energía al Mercado Mayorista (Cammesa). Hace tiempo que reclaman un «fondo compensador» para eliminar las diferencias tarifarias; en Córdoba el ministro de Servicios Públicos cordobés, Fabián López, renovó el compromiso de hacerlo.
José Álvarez, titular de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), dijo a LA NACION que son las provincias las que deben instrumentar ese fondo, pero entiende que desde la Nación deberían «impulsarlas» a que lo hagan.
Mendoza es el ejemplo que pone y que, entiende, debería replicarse en el resto del país; allí funciona un fondo constituido por aportes de las cooperativas más grandes, que sirven en áreas de más densidad poblacional y que ayudan a que el resto pague las mismas tarifas.
«Quien vive en el kilómetro cero paga igual que el que está más alejado; además la factura solo abarca la luz; no se puede incluir otro servicio. Los intendentes intentaron incluir tasas municipales porque se garantizan el cobro, pero no se puede», señala Álvarez.
En Córdoba el conflicto se recalentó con la resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), que impide que otros servicios se incluyan en la factura de luz. Además, el movimiento insiste en que pagan la energía más, por ejemplo, que sus pares de La Pampa.
Entre enero de 2016 y el mismo mes de este año la energía de Cammesa subió el 3076% (el MW/hora pasó de $34 a $1080) y la EPEC (empresa estatal cordobesa) aumentó 208%. Entre los dos conceptos, los usuarios terminaron pagando facturas con alzas de 250% a 400%, según las categorías.
Luis Castillo, presidente de la federación que reúne a las cooperativas cordobesas (Fecescor), plantea que de una factura el 40% es para las generadoras y EPEC; entre 40% y 50% es impuesto y tasas, y «el restos es lo que queda para la cooperativa».
Rechazó que las entidades no quieran facturar por separado el agua y los servicios sociales, pero planteó que -con igual criterio- «algunos impuestos los debería recaudar el Estado de otra forma y no con la energía». A la Nación le reclamó que «revea» el cronograma de quita de subsidios, que podría implicar subas de hasta 40% hasta 2019.
En una factura, todo
Desde las cooperativas esgrimen que los servicios incluidos en una misma factura están desagregados, pero -al igual que los municipios que no podrán cobrar sus tasas en la boleta del servicio eléctrico- temen que la recaudación caiga porque los socios dejen de pagar toda prestación no interrumpible.
Por ejemplo, las cooperativas incluyen la energía; el agua; las cloacas; alumbrado público; servicios de emergencia y hasta cobertura de velatorio. Señalan que los servicios extras no representan más del 10% en una entidad mediana.
Para las municipalidades -todas las del país deben alinearse con el pacto fiscal y la baja de cargas tributarias- también es un golpe a sus finanzas sacar las tasas de adentro de las facturas de agua y luz. Si las quieren mantener, deben ir por separado. El punto es que muchas cobran más de lo que requieren, por caso, para pagar por el alumbrado público y derivan recursos a rentas generales.
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