Para la cooperativa equivale a una factura mensual de compra de energía. Por ahora no se incluye a los barrios cerrados que son el 50% del rojo.
La cooperativa eléctrica de Neuquén Capital, CALF, envió un proyecto de ordenanza al Ejecutivo municipal para flexibilizar los requisitos de conexión en asentamientos irregulares. El año que terminó dejó $180 millones en rojo por los “enganchados”. El monto equivale casi a la factura de compra de energía de un mes para la distribuidora. Apuntan a las tomas pero la cuenta también se forma con barrios cerrados y comercios de alto poder adquisitivo.
Según el borrador, al que accedió RÍO NEGRO, se trata de un proyecto, que sería de carácter transitorio, donde se busca reducir o hacer más blandos las condiciones para que la cooperativa pueda colocar un medidor en un lote que no está asentado. Lo que se intenta es que más viviendas, sobre todo en asentamientos irregulares, puedan ser incorporados al servicio formal.
Desde la distribuidora están dispuestos a costear las obras para ampliar la red porque entienden que en el mediano y largo plazo terminará colaborando en reducir ese rojo generado por la energía que se consume y no se paga.
Según un relevamiento realizado por la cooperativa en la capital neuquina hay 24.000 personas viviendo en condiciones “de extrema precariedad”. Representan unos 5.800 lotes que carecen de servicios regularizados y de algún tipo formal de tenencia de sus parcelas.
Los requisitos para poder instalar un medidor, que significa recibir formalmente el servicio eléctrico, son tanto técnicas como administrativas. Por un lado se necesita inmobiliario propio como veredas, pilares, llaves térmicas y disyuntores, entre otros, y también infraestructura compartida: postes de luz, transformadores y líneas eléctricas.
Además los titulares del medidor deben contar con alguna documentación de tenencia de las tierras o contratos de alquiler regularizados.
La misma ecuación cambia dependiendo, en los asentamientos, si las tierras son privadas, municipales o provinciales. El relevamiento de CALF asegura que el 60% son del IPVU (Provincia), mientras que el porcentaje restante son del Municipio. Solo el 1% de las ocupaciones está en suelo privado. La cooperativa ofrece asumir parte de los costos por la infraestructura, por lo menos, hasta avanzar en lo que más pueda sobre la regularización.
Si bien no está claro cómo se efectivizará la compensación, en caso de que la propuesta avance, a la distribuidora le conviene porque cualquier pago que sume, por mínimo que sea al principio, servirá para aliviar la cuenta final.
No alcanzará a los barrios cerrados
Sin embargo, resulta llamativo un dato que circula como un secreto a voces. Casi la mitad de los $180 millones de pérdidas calculados por CALF los provocan barrios cerrados, algunos de ellos de alta gama, y comercios de generosos ingresos que eluden corregir su caracterización como clientes: pagan menos de los que deberían.
El caso de urbanizaciones cerradas apuntan, como uno de los casos más llamativos, a una desarrolladora con varios loteos finalizados y en marcha. En estos casos, decenas de viviendas con amplias instalaciones y amenities como piletas, riego por aspersión e iluminación pública extendida, entre otros, utilizan un único medidor, categorizado como “de obra”, cuyo costo por el servicio es más barato. Pese a que algunos llevan más de cinco años ninguna gestión pudo avanzar en su regularización.
Los vecinos pagan el servicio a través de expensas y esperan, pacientes, la regularización de la prestación. En el medio sufren un servicio de pésima calidad con frecuentes interrupciones, aunque el magnetismo de alguno de sus moradores consigue respuestas inmediatas de la prestadora.
Sobre este tema no hubo avances. Por lo menos por ahora.
Por Federico Aringoli
Fuente: Diario Río Negro