A contramano de lo que había dejado trascender el Gobierno, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, filtró ayer la supuesta decisión oficial de no prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, que impera y se renueva anualmente desde enero de 2002.

La medida, dijo Aranguren, permitiría llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y las empresas concesionadas.

«Este año, la Ley de Emergencia Económica llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos», dijo el ministro al participar en el cierre del Congreso Nacional de Abogados del Estado, que se desarrolló en el Teatro General San Martín.

La no renovación de la Ley de Emergencia Económica era uno de los insistentes reclamos de las empresas privatizadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (BM), el CIADI y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclamaban la normalización de los contratos. La decisión, en caso de prórroga, le corresponde al Congreso.

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